En una carta de 26 puntos, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, le expuso al secretario general de la ONU, António Guterres, algunas de sus críticas al acuerdo de paz, cinco años después de su firma.
El exmandatario le manifestó a Guterres que le enviaba la comunicación “no obstante mi condición de judicializado por razones políticas”, refiriéndose al proceso judicial en su contra.
Uno de los temas en los que más enfatiza Uribe es en el narcotráfico, dentro del cual habla del crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos.
“La permisividad con el narcotráfico de Farc, elevada a rango constitucional, llevó a pasar, según la medición de ONU, de 45.000 hectáreas de coca, aproximadamente, en los años 2012 y 2013, a más de 150.000 en 2018. Esto sin tener en cuenta la medición de Estados Unidos que hoy sobrepasa las 250.000 hectáreas, y que en 2018, al asumir el presidente Duque, ya estaba en 209.000 hectáreas”, afirma.
Recibimos, con mucha gratitud y motivación, el reconocimiento del Secretario General de la @UN, @antonioguterres, quien destaca los avances y el compromiso de nuestro Gobierno y los reincorporados con la implementación de la #PazConLegalidad, que avanza a paso firme. pic.twitter.com/JbZv9xUNCM
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 23, 2021
En tal sentido, agrega que “el acuerdo y las medidas concordantes del Gobierno de entonces, como la prohibición de la fumigación, dejaron al actual Gobierno en serias dificultades para erradicar esos cultivos”.
“Lo deseable sería que Estados Unidos pudiera aportar la tecnología de vanguardia para detectar y eliminar todos los laboratorios de procesamiento de la droga, y con la mayor rapidez. Si esto no se hace, la fumigación será inevitable”, señala.
Críticas al programa de sustitución de cultivos ilícitos
Sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos, el exjefe de Estado afirma que los que dejó gobierno anterior “han resultado muy costosos e ineficientes”, que “muchas personas reciben el dinero, eliminan la droga en algunas parcelas, pero en el entorno se amplían los cultivos” y que “en la práctica no existen los compromisos colectivos o no se cumplen”.
“El país ha tenido programas de sustitución mucho más efectivos, desconocidos en el acuerdo de La Habana”, afirma Uribe, quien agrega que “el crecimiento de la droga ha acelerado el microtráfico, elemento generador de mucha violencia y, además, el consumo”.
Y hace una reflexión sobre el medioambiente cuando dice que es “paradójico que mientras el actual Gobierno se caracteriza en su afán por la protección” del mismo, “el mal llamado acuerdo de paz sea promotor de la destrucción de los recursos naturales y de nuestra juventud”.
Otro de los temas que el expresidente cuestiona del acuerdo de paz alcanzado con las Farc tiene que ver la elegibilidad de varios excombatientes de esta organización guerrillera. En tal sentido, considera que “acuerdo de paz no ha habido” y que “simplemente se fracturó la Legislación Nacional y se desafió la Internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores”.
Uribe separó algunos de los puntos de la carta a Guterres para insistir en la necesidad de reformas de algunos aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en los relacionado con los procesos sobre los militares.
Sobre esto, afirma que “sigue vigente la necesidad de crear una sala especial, de magistrados imparciales, para investigar y juzgar a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas”.
“La oferta de libertad a cambio de que reconozcan delitos llevará a varios de ellos a aceptar crímenes no cometidos para poder estar en libertad y con sus familias, sin que los jueces tengan manera de decir que esa aceptación es mentirosa”, dice la misiva.
El exmandatario también habla sobre la reparación a los afectados por el conflicto, de la cual afirma que “el Estado colombiano, con sus dificultades fiscales, será el único que tendrá que reparar a las víctimas”.
“Las halagaron con un discurso para buscar legitimidad del acuerdo, que ha quedado en nulo aporte de la riqueza terrorista para la reparación pecuniaria”, asegura.
Y habla también del crecimiento de la pobreza por causa de la pandemia. “La necesidad de avanzar con la reivindicación de comunidades rurales pobres no necesitaba el sacrificio institucional del acuerdo de La Habana”, dice.
El siguiente es el texto completo de la carta:
Su excelencia
António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
ESM
Muy respetado señor Secretario General:
Como colombiano le expreso también agradecimientos por esta visita al país, y en la misma condición de ciudadano le expreso unos comentarios sobre el Acuerdo firmado por el anterior Gobierno y el grupo terrorista Farc:
1. Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la Legislación Nacional y se desafió la Internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores. Más aún, no se quiso aceptar por el Gobierno de entonces la alternativa que propuso la oposición para que estas personas por lo menos cumplieran una sanción razonable antes de ejercer la actividad legislativa.
2. En materia de impunidad Colombia se salió de la regla de las democracias occidentales que exigen pena privativa de la libertad y no elegibilidad política de los responsables de delitos atroces. Incluso superó la legislación de España, que es excepcional, que permite la elegibilidad de terroristas solamente cuando se han cumplido la totalidad de la pena privativa de la libertad y de las condiciones de la libertad condicional.
3. Varios de los integrantes del equipo negociador del Gobierno han señalado graves fallas del proceso de negociación y del Acuerdo. También de incumplimientos de Farc.
4. Las cifras oficiales anuncian que hay 13 mil personas en armas y las disidencias de Farc suman más de 4 mil personas.
5. La permisividad con el narcotráfico de Farc, elevada a rango Constitucional, llevó a pasar, según la medición de ONU, de 45 mil hectáreas de coca, aproximadamente, en los años 2012 y 2013, a más de 150 mil en 2018. Esto sin tener en cuenta la medición de los Estados Unidos que hoy sobrepasa las 250 mil hectáreas, y que en 2018, al asumir el Presidente Duque, ya estaba en 209 mil hectáreas.
6. El Acuerdo y las medidas concordantes del Gobierno de entonces, como la prohibición de la fumigación, dejaron al actual Gobierno en serias dificultades para erradicar esos cultivos. Y con el riesgo de minas anti personas que han asesinado a tantas personas que participan en la erradicación manual.
7. Lo deseable sería que los Estados Unidos pudiera aportar la tecnología de vanguardia para detectar y eliminar todos los laboratorios de procesamiento de la droga, y con la mayor rapidez. Si esto no se hace la fumigación será inevitable.
8. Los programas de sustitución que dejó el anterior Gobierno han resultado muy costosos e ineficientes. Muchas personas reciben el dinero, eliminan la droga en algunas parcelas pero en el entorno se amplían los cultivos. En la práctica no existen los compromisos colectivos o no se cumplen. Es importante mirar el escaso número de hectáreas de erradicación voluntaria y el altísimo costo estatal.
9. El país ha tenido programas de sustitución mucho más efectivos, desconocidos en el Acuerdo de La Habana.
10. El crecimiento de la droga ha acelerado el micro tráfico, elemento generador de mucha violencia, y además el consumo. En muchos municipios cafeteros, en época de cosecha, el micro tráfico puede representar el 14% de la nómina semanal que se paga a los recolectores del grano.
11. El Acuerdo de La Habana con la impunidad y el narco tráfico sembró un Estado Criminal alternativo que se constituye en seria amenaza al Estado de Derecho.
12. Es paradójico que mientras el actual Gobierno de Colombia se caracteriza en su afán por la protección del Medio Ambiente, el mal llamado Acuerdo de Paz sea promotor de la destrucción de los recursos naturales y de nuestra juventud.
13. De manera injusta, totalmente injusta, especialmente en la Comunidad Internacional, se ha culpado al Gobierno del Presidente Duque del asesinato de líderes sociales y de reinsertados de FARC. El tema no debería admitir discusión, la mayoría de esos crímenes han ocurrido en zonas de narco tráfico.
14. Es notorio el interés del Gobierno de proteger a los reinsertados, lo cual corresponde a una vieja tradición colombiana.
15. La Pandemia agravó la pobreza, cuyo descenso al 27% se estancó desde 2014, y despues de llegar al 34% que se expresó al inicio de este Gobierno cuando se adoptó una fórmula de medición más realista, ha subido al 42,5. Muchos esperamos que las decisiones tomadas en materias sociales y económicas sostengan el buen momento de rebote y crecimiento económico y que vaya aparejado con creación de empleo de calidad y reducción acelerada de pobreza.
16. La necesidad de avanzar con la reivindicación de comunidades rurales pobres no necesitaba el sacrificio institucional del Acuerdo de La Habana. Las últimas décadas han demostrado que la violencia ha sido más causa de pobreza que ésta de violencia. Más allá del Acuerdo, en la nueva ley de regalías se destina el 15% de los ingresos para apoyar a los municipios más pobres del país, que se calculan en número de 700.
17. La polarización no la produce el pluralismo, se genera por el llamamiento a la lucha de clases, por la incitación a la violencia. La imposición anti democrática del Acuerdo y la negativa a reformar los textos de La Habana fue una acción polarizante que quisieron justificar con la cautivante palabra PAZ. Se desconoció la democracia al desconocer el resultado del plebiscito con una mera proposición del Congreso.
18. Ninguna reforma importante del Acuerdo fue aceptada cuando los abanderados del NO, que ganó el plebiscito, propusieron un Pacto Nacional que reformara los textos de La Habana.
19. Sigue vigente la necesidad de crear una sala especial, de magistrados imparciales, para investigar y juzgar a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. La oferta de libertad a cambio de que reconozcan delitos, llevará a varios de ellos a aceptar crímenes no cometidos para poder estar en libertad y con sus familias, sin que los jueces tengan manera de decir que esa aceptación es mentirosa. Existe la ambición política de condenar a nuestro Estado por sistematicidad en violación de Derechos Humanos.
20. Nuestras Fuerzas Armadas han sido democráticas, no han estado al servicio de dictaduras y aquellos de sus integrantes que han delinquido han sido severamente castigados.
21. Colombia tuvo solamente cuatro años de interrupción democrática en el siglo pasado, lo cual ha valido el reconocimiento de la democracia más extensa de la América Latina y Caribeña.
22. No se entiende que a nuestras Fuerzas Armadas el Acuerdo de La Habana las haya puesto de igual a igual con el terrorismo, y las someta a una justicia que impuso Farc. Sin nuestras Fuerzas Armadas nuestra democracia habría podido sucumbir ante las amenazas narco terroristas que ha debido resistir.
23. El Estado Colombiano, con sus dificultades fiscales, será el único que tendrá que reparar a las víctimas. Las halagaron con un discurso para buscar legitimidad del Acuerdo que ha quedado en nulo aporte de la riqueza terrorista para la reparación pecuniaria.
24. Venezuela, convertida en un refugio terrorista constituye amenaza mayor, basta observar la droga y la criminalidad en departamentos fronterizos como Norte de Santander.
25. El ideal de la integración con Venezuela tiene un obstáculo: el maltrato a los valores democráticos en la nación hermana. Integración que sería formidable para el progreso social, que uniría a 80 millones de ciudadanos, con 2 millones de kilómetros cuadrados y todas las posibilidades económicas y sociales.
26. En Colombia el amor no ha sido escaso y el perdón ha sido una constante, tal vez la polarización de esta coyuntura requiera un aporte a la sanación; ni los promotores del acuerdo son guerrilleros ni paramilitares sus opositores.
Señor Secretario General: escribo estas notas con el mayor respeto. Me he atrevido a hacerlo no obstante mi condición de judicializado por razones políticas. Sus asesores podrán leer la causa judicial contra mi persona. He servido a Colombia con dedicación y pulcritud absoluta en el manejo de los recursos públicos,
Me suscribo, muy atentamente,
Álvaro Uribe Vélez
6 Total vistas, 1 Vistas en el día