El presidente Iván Duque aseguró que, de acuerdo con lo establecido a solicitud de alcaldes, gobernadores y a partir de la discusión en el Congreso, la suspensión del inciso que compone la ley de garantías será por un año.
«No hay ni derogatoria, ni eliminación, ni suspensión de la ley de garantías. Esta suspensión por un año facilita el proceso de desarrollo de infraestructura e inversiones a nivel territorial que contribuya a la reactivación económica de nuestro país», aseguró el Presidente.
El viernes pasado, el Presidente sancionó la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), en donde se incluyó la modificación sobre los convenios interadministrativos entre el Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones.
«Dado que este es un tema que ha suscitado algunas preocupaciones de algunos sectores de la población, quiero destacar que esa suspensión por un año de ese inciso va a tener un acompañamiento detallado de la Contraloría General de la República en la función que tiene hoy, no solamente de carácter preventivo, sino también la de control de tal manera que haya toda la trazabilidad y seguimiento de cada convenio interadministrativo que se suscriba», afirmó Duque.
El Presidente aseguró que a través de la agencia Colombia Compra Eficiente, el Gobierno garantizará la transparencia y brindará toda la información correspondiente a los procesos que se suscriban.
«Se ha conformado una gran coalición del sector privado y del sector público, y también con la participación de medios de comunicación para hacerles también ese seguimiento y ese escrutinio minucioso a todos los convenios interadministrativos que se suscriban entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales en el marco de esta suspensión para poder darles a todos los ciudadanos la tranquilidad y la certeza de que estos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destinatario final», dijo el jefe de Estado.
Lo que dijo el Juzgado
La ley de garantías elimina la posibilidad de que los dineros de contratación pública ingresen a campañas electorales que luego puedan ser usados para favorecer a determinado candidato o movimiento político en meses previos a las elecciones.
Aunque el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá les ordenó al jefe de Estado y a los representantes legales del Gobierno abstenerse de dar aplicación a los cambios realizados a la ley de garantías; el mandatario colombiano expresó: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la Constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.
En el fallo, el juez determinó que se violaron los derechos al debido proceso y a la igualdad en el trámite legislativo que introdujo las modificaciones a la ley de garantías.
La propuesta, presentada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, a través de la cual se modifica la ley de garantías, fue aprobada en el Senado con 54 votos a favor y 30 en contra.