Ley de Seguridad

Redacción: El Heraldo

La radicación del  proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ante el Senado de la República abrió el debate con relación a la efectividad que pueda traer la normativa de ser aprobada en el Congreso.

La iniciativa, que tiene como finalidad la creación y fortalecimiento de los instrumentos jurídicos para que las autoridades consoliden la seguridad ciudadana, contempla modificaciones a los códigos Penal, y de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Uno de los cambios, quizás más polémicos, son los que introduciría con relación a las penas para delitos como hurto, que trae consigo un aspecto fundamental como la legítima defensa.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, indicó en varios medios de comunicación que la legítima defensa ya está establecida en el Código Penal y lo que se busca es que el juez pueda establecer la proporcionalidad, es decir, determinar si la persona hizo la acción teniendo en cuenta el riesgo de lo que venía en contra de su vida.

Otro aspecto que introduce este proyecto es que agrava la pena cuando se afecte la infraestructura pública destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y de policía. Igualmente, la perturbación al servicio de transporte público.

Frente al proyecto, EL HERALDO conversó con abogados penalistas y un experto en seguridad para analizar la efectividad que podría traer la ley a la seguridad ciudadana.

Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, este proyecto “es innecesario” porque reitera el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana de 2011, el cual “nunca se implementó”.

“Se plantea un nuevo proyecto en el que nuevamente se engaña a la opinión diciéndoles que se van a generar unos cambios, cuando todo lo que dice la iniciativa presentada ya existe y no se aplica.  Esto pone en evidencia la desconexión del Gobierno con la criminalidad y el escaso interés por combatirla a través de medidas efectivas”, asegura Bernate.

El abogado Camilo Burbano, profesor de derecho penal y ex director nacional del Sistema Acusatorio, considera que aunque existe la necesidad de hacer una serie de ajustes en algunos aspectos al procedimiento penal, este proyecto “no va a solucionar el problema”.

“El tema de la seguridad pública no se soluciona a través del aumento de penas o restricciones a los beneficios carcelarios a las personas. El gran problema acá es la eficacia de la investigación. La Fiscalía no cuenta con las herramientas adecuadas ni una política pública establecida que permita afrontar los retos de la seguridad ciudadana”, destaca Burbano.

El coronel (r) José Espejo, analista en temas de seguridad, asegura que el proyecto, en el aspecto que contempla incluir como agravantes dentro del delito de violencia contra servidor público, cuando la conducta se comete contra miembro de Fuerza Pública, es de “vital importancia” porque garantiza la seguridad de los uniformados.

“Esto blinda  a los agentes que en un momento están cumpliendo con su deber y son agredidas debido a que en el imaginario la situación no pasa de allí, es decir, no hay una herramienta jurídica que proteja al uniformado. Este proyecto coloca las bases para el respeto de la Fuerza Pública”, señala Espejo.

La iniciativa también contempla el aumento de las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un uniformado.

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