El juez 35 de control de garantías de Bogotá ordenó el traslado del contratista Emilio Tapia Aldana a una cárcel de máxima seguridad para que cumpla la medida de aseguramiento impuesta en su contra por el contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.
En la decisión, el juez considero necesario salvaguardar la vida del empresario quien ha recibido amenazas en contra de su vida e integridad personal.
Esto después que se conociera que su intención de colaborar con las autoridades judiciales de entregar información sobre los hechos que rodearon la celebración de un billonario contrato.
Sin embargo, el funcionario judicial consideró que ni la cárcel La Modelo de Bogotá ni la cárcel de Barranquilla (que pidió la defensa)
«Es un ciudadano que decidió cometer una conducta delictiva, no es un funcionario público», advirtió el juez de control de garantías al considerar que Tapia no puede estar en un patio especial.
Le hizo un fuerte cuestionamiento a la decisión del juzgado 57 de control de garantías de Bogotá que ordenó el traslado de Tapia Aldana a la cárcel La Modelo de Bogotá sin analizar todas las circunstancias que rodearon las amenazas a Tapia.
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