Este viernes se revelaron detalles de la declaración que Juan José Laverde hizo ante la Fiscalía. En una serie de interrogatorios que suman 45 páginas, el empresario Laverde, uno de los tres detenidos hasta el momento por el escándalo del contrato por más de un billón de pesos entre MinTIC y Centros Poblados, reveló el sofisticado método criminal y el poder de infiltración de la organización criminal liderada por Emilio Tapia.
El corredor de seguros, quien por medio de su confesión busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía, reveló detalles que hasta ahora se desconocían sobre todos los eslabones de la cadena de corrupción que va mucho más allá del contrato con Centros Poblados y alcanza, según el revelador testimonio, incluso contratos que Emilio Tapia habría obtenido en Egipto.
Las piezas clave de Tapia en MinTIC y un supuesto infiltrado en Itaú
Juan José Laverde indicó a la Fiscalía que en la semana en la que se llevó a cabo la audiencia de incumplimiento del Contrato de Centros Poblados, es decir, a finales de junio de este año, se reunió con Emilio Tapia en la ciudad de Medellín y le dijo que ya no necesitarían a Jorge Molina García Mayorga, otro de los implicados en el escándalo, quien actualmente es testigo de la Fiscalía. Según dijo Tapia: “Cualquier tema con el banco Itaú que yo necesitara lo podía hacer directamente con él”.
De acuerdo con Laverde, en esa reunión Tapia le dijo que estaba necesitando 100 millones de pesos con urgencia para sobornar a alguien en el Ministerio TIC, para que la citación al Banco Itaú no se hiciera a los correos institucionales, sino que llegara al correo específico de un funcionario del banco con argumento “que él tenía para cubrirle la espalda, al parecer sobornado”, para que asistiera suplantando al banco y en la audiencia de incumplimiento “no sucediera nada debido a la falsedad en las garantías, porque el funcionario del banco lo iba a cubrir en la audiencia de incumplimiento”.
Laverde, que fue cobijado con el beneficio de casa por cárcel y se desempeñó como representante de la agencia de seguros Rave . Según las pesquisas, el corredor cumplió un papel determinante en la falsificación de pólizas para Centros Poblados con las que se ganó de manera fraudulenta el jugoso contrato por cerca de 1.7 billones de pesos.
Conexión MinTIC
Varios detalles sorprenden en la declaración de Laverde. Una de ellas, que supuestamente el empresario Emilio Tapia, quien al parecer movía desde la sombra los hilos de la corrupción, tenía r elación con el Ministerio de las TIC a través de Luis Fernando Duque , representante legal de la unión temporal Centros Poblados.
A través de ese contacto, Tapias tenía información sobre los movimientos en el MinTIC.
“Él me mostró semanas después del escándalo que del interior del Ministerio TIC le enviaban información sobre la posible caducidad y los elementos jurídicos que el Ministerio aportaría, incluso tenía información de que la totalidad de los abogados estaban en contra de la caducidad, pero por instrucción de la ministra (Karen Abudinen), debían caducar como fuera”, dijo Laverde a la Fiscalía.
Contrato de basuras en Egipto
Según Laverde, en el 2019, Emilio Tapia le preguntó si podía gestionar una póliza de seguros en El Cairo, Egipto, porque aseguró que había ganado un contrato de recolección de basuras de 58 millones de dólares anuales durante 10 años con un socio panameño, quien fue identificado como Ómar Otálora.
De acuerdo con Laverde, Jorge Molina gestionó las garantías bancarias del contrato de Egipto para la ICM, pero dice que no se logra el objetivo porque el banco de Egipto debía avalar la garantía.
“Jorge Molina, en medio de ese trámite, menciona una reunión con la doctora Alejandra Villalobos, alta funcionaria del Banco Itaú. La reunión era para poder lograr que los recursos fueran congelados y que el banco de Egipto los aceptara”, declaró Laverde a la Fiscalía.
“Me extraña es que Jorge Molina no contara sobre este trámite de Egipto a la Fiscalía y recuerdo que en una de esas reuniones que tuve con Jorge me dijo que borrara esa información, hasta donde conozco esa garantía fue finalmente obtenida por el señor Omar Otálora con su banco de Panamá”, añadió.
Un viceministro salpicado
Adicionalmente, Laverde aseguró que Iván Mantilla, viceministro de las TIC en medio de la contratación, habría recibido dineros por parte de Emilio Tapia.
“En una reunión previa en el mes de febrero, aproximadamente, yo le pregunté a Emilio Tapia acerca del contrato con el MinTIC y le pregunté que quién le había ayudado en la adjudicación, incluso le pregunté si le había girado a la ministra o a algún otro funcionario, a lo que él me contestó que tenía varias personas adentro”, aseguró Laverde.
“Mencionó la cercanía de la ministra con los Daes y la cercanía de Emilio con los Daes, lo que me llevaba a suponer que tenía una cercanía indirecta con la ministra. Lo que sí me confirmó es que le habían girado unos recursos, que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla”, añadió.
Según Laverde, cuando estalló el escándalo, Tapia no volvió a mencionar a los Daes sino que hablaba una posible gestión a través de los Char para evitar la caducidad. Incluso, dijo haber escuchado una conversación con la ministra Abudinen, en la cual ella aseguró que no iba a hacer caso a nada distinto que a llevar la caducidad del contrato.
De acuerdo con el testimonio de Laverde, el cabildeo de varios funcionarios públicos de alto perfil cuando se desató el escándalo le hizo llegar a pensar que no se iba a dar la caducidad.
Este jueves (11 de noviembre), Mantilla negó haber recibido dineros del contratista detenido Emilio Tapia, señalado como el cerebro del entramado de corrupción que dio vía libre a la celebración del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.
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