Ramón Isaza

Redacción: Zonacero

El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá condenó al exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza Arango, y a 59 postulados más, exintegrantes de ese grupo armado, luego de que aceptaran su participación en múltiples delitos con ocasión del conflicto armado en Colombia.

Aunque las penas principales para los procesados oscilan entre los 119 y los 480 meses de prisión, en virtud de la Ley de Justicia y Paz fueron condenados a penas alternativas que van desde los 72 hasta los 96 meses de cárcel.

A través de las versiones libres de los postulados y otras labores investigativas adelantadas, la Fiscalía General de la Nación documentó más de 1.900 hechos que dejaron alrededor de 4.900 víctimas, atribuibles a los hoy sentenciados, y fueron perpetrados entre 1978 y enero de 2006.

Según lo establecido, tales hechos ocurrieron en los municipios de La Unión, Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco, Sonsón, Carmen de Viboral, Cocorná, Argelia, Puerto Nare, La Ceja, Santuario y Nariño (Antioquia); así como en Samaná, Victoria, Marquetalia, La Dorada, Manzanares, Pensilvania y Norcasia (Caldas).

Su actuar se extendió a las poblaciones de Apulo, Beltrán, Bituima, Cachipay, Chaguaní, Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Siquima, La Mesa, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, Puli, Quipile, San Juan de Rioseco y Viani (Cundinamarca); al igual que en Armero Guayabal, Ambalema, Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Palocabildo, Venadillo y Villahermosa (Tolima). Algunos de los casos también se registraron en Simacota (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá).

Entre los delitos por los que responden, de manera general los 60 condenados, están: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares; utilización ilegal uniformes e insignias similares a los de uso privativo de las Fuerzas Militares; entrenamiento para actividades ilícitas; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; y exacciones o contribuciones arbitrarias.  

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