infiltración a la UNP

Redacción: El Tiempo

Ciento setenta y cinco cartuchos para fusil calibre 5.56 se convirtieron en el ingreso oficial del representante a la Cámara conservador Juan Loreto Gómez a la investigación por irregularidades en el uso de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Las versiones que el congresista guajiro ha venido entregando sobre el vínculo con Juan José Madiedo Ospino, el hombre capturado en Maicao portando los cartuchos en la Toyota asignada al político, se las tendrá que dar ahora a la Fiscalía.

Inicialmente, lo identificó como el encargado de llevar el carro a lavar. Luego admitió que era un amigo cercano que lo había asaltado en su buena fe.

Ahora se sabe que Madiedo pasó de ser un anónimo transportador local —a través de la empresa Alquiler y Suministro JJ— a ser el representante legal del consorcio Inter Urbanismo Barrancas.
Este último tiene firmado un contrato por cerca de 2.500 millones de pesos con la Alcaldía de Barrancas (La Guajira).

La noticia de la incautación de la munición se conoció el pasado martes 7 de marzo, hacia el mediodía.

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Y, diez horas después, se produjo otro episodio que estaría confirmando el caos y las mafias en las que está atrapada la UNP, entidad encargada de la seguridad de altos dignatarios del Gobierno, de los expresidentes, de líderes sociales y de otras personas que requieren protección especial.
A las 10:30 de la noche de ese mismo martes, el esquema de seguridad del director de la UNP, Augusto Rodríguez, fue atacado por un hombre que iba escoltado por motos de mediano y alto cilindraje, en el sur de Bogotá.

Una de las hipótesis que se evalúa es un posible asalto, por el modus operandi y porque, tal como lo reveló EL TIEMPO, el señalado sicario que quedó tendido frente a la casa de Rodríguez era un ladrón internacional, requerido en extradición por la justicia argentina.
Pero para Augusto Rodríguez es claro que a él lo quieren matar por las denuncias que ha venido instaurando sobre el alquiler ilegal de esquemas de seguridad, el uso de camionetas blindadas para transportar cocaína y armas y un ‘carrusel’ de contratos para el arrendamiento de vehículos blindados y convencionales.

Además de pedir protección para Rodríguez, su hombre de confianza, el presidente Gustavo Petro pidió garantías para Manuel Castañeda, el conocido narcochofer que fue capturado el pasado 10 de diciembre.

Castañeda iba al volante de una Toyota blindada asignada al esquema del exsubdirector de protección de la UNP Ronald Rodríguez Rozo, quien perteneció por algunos años al extinto DAS. Pero 10 días antes de la captura se había reunido con Rodríguez y le entregó una carta por la cual hoy una de las cabezas del sindicato mayor de la UNP tiene llamado a imputación.

En el explosivo documento, revelado el jueves por este diario, Castañeda asegura que el sindicalista Wilson Devia le alquiló ilegalmente un esquema de seguridad por un pago inicial de 200 millones de pesos y mensualidades de 7 millones y medio.

Castañeda también dice que, por cortesía, le regaló un show con el ‘Yo me llamo Rafael Orozco’, Giovanny Ayala y su hijo Sebastián para las fiestas de fin de año de la UNP. Según el narcochofer, Devia habría cobrado por ese show.

Pero tal vez la acusación más grave es que Devia habría contactado a un empresario del blindaje, cercano a una oficina de cobro, para obligarlo a pagar unos carros que habían negociado.
Fabio Enrique Duarte, dueño de la blindadora Jawda Blind.

EL TIEMPO se comunicó con el empresario Duarte, quien admitió que Castañeda sí tenía una deuda con él por el alquiler de unos carros convencionales. Pero negó cualquier relación con oficinas de cobro.

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“Conocí al señor Castañeda porque me alquiló carros convencionales y me quedó debiendo 200 millones de pesos. Yo sí me encontré con él en un centro comercial. Pero desconozco si estaba reunido con Wilson Devia, porque yo al señor Devia solo lo distingo. No somos amigos”, sostuvo el empresario.

Y agregó que el cantante Joaquín Guiller es testigo de que no se le hizo ninguna amenaza y solo se le cobró el dinero: “Joaquín está dispuesto a declarar”.

Según Wilson Devia, los señalamientos de Manuel Castañeda son falsos. Y asegura que él (como empleado de la UNP) no tiene ninguna potestad para la asignación de los esquemas de protección.

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