Las 25 denuncias de quienes se atrevieron a exponer públicamente el robo o invasión de sus tierras en Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Barranquilla le permitieron a la procuradora general, Margarita Cabello, conocer la complejidad del accionar de la ‘Red de Tierreros’ que ha despojado de sus propiedades a familias y empresas en el área metropolitana local.
Tras el primer informe de Emisora Atlántico y Zona Cero.com, hace un mes, sobre el caso de la familia Camacho en el sector La Central, de Soledad, donde siguen las construcciones ilegales no obstante los anuncios de la Alcaldía de que iba a suspenderlas, constructores y propietarios de tierras afectados por invasores comenzaron a reclamar la recuperación y la protección de sus bienes.
Con la presencia de decenas de denunciantes, en la audiencia pública del jueves, organizada por el presidente seccional de Camacol, Jorge Segebre, se conocieron historias, contadas en breves minutos, de casos de corrupción cometidos por inspectores, registradores, policías, notarios, delegados de personerías y hasta jueces, quienes al torcer las leyes se han convertido en cómplices beneficiadores de invasores que, armados y bajo amenazas de muerte, se apropiaron de extensos terrenos que están vendiendo en lotes ilegalmente, sin servicios públicos y sin ningún tipo de infraestructura urbana, para construir casas sin licencias.
Ante la procuradora Cabello; el alcalde, Jaime Pumarejo; la gobernadora, Elsa Noguera, y la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, Gloria Stella López, nadie se reservó nada.
Entre quienes aceptaron exponer públicamente lo que les sucede, Nicolás Madero, afectado por la invasión de 4.6 hectáreas, con firmeza dijo que en Soledad la “institucionalidad ha sido doblegada por la corrupción”, lo cual resumió es una frase: “Esto es una empresa criminal, una mafia”. Y denunció que le pidieron 1.000 millones de pesos en la Alcaldía de Soledad para resolver su caso:
Ante la jefa del Ministerio Público, y de funcionarios de la Fiscalía y la Policía Judicial presentes, Édgar Ochoa, constructor que ve peligrar un proyecto que tiene planeado en la zona de Las Malvinas, en Barranquilla, fustigó que la Superintendencia de Notariado y Registros no estuviera presente en la audiencia; con documentos que entregó como constancia, señaló al registrador de Barranquilla, Rafael Pérez Herazo, de, presuntamente, pretender robarle 7 hectáreas:
Similar firmeza para denunciar lo que llamó “burla con los fallos judiciales” tuvo Gema Andrade. Contó que su mamá, ya fallecida, comenzó a defender 32 hectáreas que heredó de su padre; dijo que en el proceso la familia recibió numerosos amparos policivos, pero éstos, extrañamente, eran revocados cada vez que Puerto Colombia cambiaba de alcalde.
En 1993 la mamá ganó una tutela en el Juzgado 6to Civil de Barranquilla, que ordenó que en 48 horas el mandatario porteño de turno debía restituirle las tierras, pero no lo cumplió. Como tampoco cumplieron un fallo en favor de su familia que la propia Margarita Cabello dictó cuando fue magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico. Y le contó a la hoy Procuradora lo que sucedió con su fallo:
El abogado Alfonso Camerano, quien lleva 40 años estudiando procesos de este tipo, llamó la atención sobre el gran negocio y los poderes de políticos y empresarios que se mueven detrás de los despojadores, que trabajan amparados por la institucionalidad.
“Es todo un engranaje que funciona como un relojito”, enfatizó
En las casi tres horas de reunión, Liz Domínguez, en nombre de Valorcón, empresa de la familia Gerlein, denunció que en Soledad les tienen invadidas 15.5 hectáreas. Afirmó que no han podido recuperarlas porque la “Personería lo ha impedido”, a pesar de los fallos que han recibido en favor. Asimismo, la empresa Argos dio a conocer irregularidades en la invasión de un predio suyo en Barranquilla; a la vez, en contra esta compañía también se conocieron denuncias.
Ante el complejo panorama de todo lo conocido, la procuradora Margarita Cabello anunció que comenzarán a trabajar en un plan con el Fiscal y el Contralor General para tomar medidas, y que citará a esas reuniones a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidades señaladas por presuntos casos de corrupción de sus funcionarios.
Por el accionar delictivo sistemático como actúa la ‘Red de Tierreros’, el alcalde Jaime Pumarejo anunció que, con la gobernadora Elsa Noguera, ofrecerá recompensas por los cabecillas de esta organización delictiva. Con la Policía y la Fiscalía se comprometió a crear un grupo especializado de investigación para hacer frente a los invasores.
Al final, aunque escépticos por lo que les ha tocado vivir, los afectados por la ‘Red de Tierreros’ esperan una nueva reunión, confían en que avancen las investigaciones anunciadas y que, por fin, la institucionalidad esté de su lado para recuperar lo que les han robado.