Masacre

Redacción: El heraldo

En el informe trimestral del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión en Colombia, que será presentado el próximo 14 de octubre, indica que el ente multilateral ha verificado 42 masacres perpetradas en el país en lo que va corrido de 2020 e investiga la ocurrencia de otras 13.

Se trata del más reciente reporte sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 27 de junio al 25 de septiembre de 2020.

«A pesar de una disminución en las tasas nacionales de homicidio en el primer semestre, la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto ha continuado. Con relación a las masacres que se dieron en diferentes departamentos en los últimos meses, el secretario general se une a la sociedad colombiana, al Gobierno y a los actores políticos en condenar enérgicamente estos incidentes, incluidos los asesinatos de niños y jóvenes, e insta a las autoridades a que lleven rápidamente ante la justicia a las personas responsables. El Informe hace referencia a 42 casos verificados por la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en lo corrido del año y otros 13 en proceso de verificación», se lee en el comunicado. 

La Oacnudh señala además que ha verificado un total de 48 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos este año, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres.

«Estos crímenes están siendo perpetrados principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales», dice el informe.

Por eso, ante el hecho de que varias de las áreas donde ocurrieron estos crímenes fueron objeto de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, el secretario general propuso a todos los actores a que «trabajen de manera coordinada, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) a fin de responder a los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo y actuar sobre sus recomendaciones».

En cuanto a la implementación de la paz y concretamente sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en las iniciativas productivas de excombatientes, el informe afirma que las mesas técnicas del Consejo Nacional de Reincorporación, con el apoyo Naciones Unidas, han tomado medidas para mitigar el impacto, incluyendo capacitaciones, apoyo a iniciativas de seguridad alimentaria a pequeña escala, otorgar conectividad a 53 proyectos productivos para mejorar su acceso a la asistencia técnica remota, y la distribución de más de 700 tapabocas para excombatientes involucrados en proyectos productivos.

«A la fecha, al menos 88 excombatientes (33 mujeres) han dado positivo por Covid-19, dos de los cuales fallecieron. Se destaca la importancia de que las brigadas de salud se reanudaron en los antiguos ETCR, beneficiando a las comunidades y excombatientes», indica el reporte.

El informe destaca así mismo que la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes (todos hombres) durante este período, para un total de 50 (2 mujeres) en 2020. Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos (4 mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (4 mujeres).

Ante este panorama, Guterres plantea «la importancia de que se cuente con suficientes recursos para que se puedan tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes», y también señala la importancia de que las mujeres excombatientes tengan acceso adecuado a los esquemas de protección.

Hace énfasis la ONU en que para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz se requiere un diálogo sostenido y un trabajo conjunto entre las partes y otros actores. Para tal fin, «las partes deben continuar usando cada vez más los mecanismos de diálogo previstos en el Acuerdo Final, incluidos la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación».

Y concluye que es esencial «llevar desarrollo y renovadas oportunidades, mayor seguridad y una presencia integral del Estado a las zonas rurales de Colombia que sufrieron el conflicto y que ahora están sufriendo los efectos de la pandemia». Por tanto, Guterres envía un mensaje en este sentido: «Aliento a todos los actores en Colombia a que reconozcan el potencial que tiene la implementación del Acuerdo como elemento clave de la ruta para la recuperación económica y social de la pandemia, y a que redoblen sus esfuerzos para implementar el Acuerdo de manera integral.”

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