El 9 de noviembre, el abogado Miguel Ángel Castell caminaba por las calles de San Andrés cuando fue interceptado por dos hombres que, según recuerda, por su manera de vestir y acento, parecían provenientes de la capital del país. En esa ocasión los hombres le dijeron que lo iban a matar tanto a él como a Jay. Se referían a Édgar Jay, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia. Tanto Castell como Jay han trabajado en pro de los derechos de la comunidad raizal y, además, han levantado su voz de protesta ante las demoras e irregularidades en el proceso de reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota, en diciembre de 2020. También han liderado las protestas en torno a la construcción de una base guardacostas cerca de la cuenca de Bowden, por parte de la Armada de la isla.
Las amenazas persistieron, y nuevamente el 17 de noviembre el abogado recibió una llamada telefónica en la que le reiteraban que serían asesinados. “Esto viene debido a la recuperación del territorio ancestral, porque Providencia es un territorio étnico y eso es lo que pretendemos hacer valer. Pero no puedo responsabilizar directamente a una persona u otra. A lo que me refiero es que esto se debe, precisamente, a la defensa de los derechos humanos que venimos realizando y eso puede venir de diferentes frentes”, manifiesta Miguel Ángel Castell, abogado de la Diáspora Raizal, una organización que nació para hacer veeduría al proceso de reconstrucción tras el paso del huracán y que está conformada por cerca de 200 personas originarias de la isla, pero que no viven allí. Se trata de un grupo que ha ayudado económicamente a las familias afectadas y se ha encargado de dar a conocer las irregularidades que se han presentado en el proceso de reconstrucción.