Violencia y autoritarismo

Redacción: El Espectador

Este martes fue presentado un duro informe que cuestiona al gobierno de Iván Duque en materia de derechos humanos. Se llama la atención, entre otras, por el escalamiento de la violencia, la represión de la protesta y el aumento de la pobreza.

Más de 500 organizaciones sociales de todo el país –agrupada en tres grandes plataformas de derechos humanos– presentaron este martes un crudo balance del tercer año del gobierno de Iván Duque en materia de derechos humanos, en el que advierten, entre otras, un deterioro en este frente por cuenta de represión violenta a la protesta, escalamiento de la violencia, y aumento de la pobreza y la desigualdad, entre otras.

El informe, denominado “Lecciones del Aprendiz – Autoritarismo y Desigualdad”, fue realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. “Si los dos primeros años del Gobierno de Duque ya señalaban un deterioro de los derechos humanos en Colombia, este tercer año pasará a la historial como el peor”, alerta el documento.

En el informe también se llama la atención por el hostigamiento a la administración de justicia y a las altas cortes, así como por unas relaciones internacionales “debilitadas tanto por la respuesta dada a la protesta social, como por la injerencia indebida en varios asuntos políticos y electorales de otros países”.

En primer lugar, el texto aborda la situación de paz y la situación de defensores de derechos humanos. En ese sentido, se recuerda que en los siete primeros meses de 2021 se perpetraron 60 masacres, en las que fueron asesinadas 221 personas. En contraste, durante todo 2020 hubo 91 masacres con 381 víctimas. Por otro lado, en materia de desplazamiento forzado, las plataformas advierten un incremento de 193 % entre enero y junio de 2021, en relación con el mismo período del año anterior. En total, se calcula que hubo 44.647 personas desplazadas en ese lapso.

El informe atribuye el escalamiento de la violencia en los territorios debido a “la no implementación intencionada” del Acuerdo de Paz, a la “reinterpretación unilateral” del mismo por parte del Gobierno, graves incumplimientos de los puntos, “los obstáculos puestos frente a la salida negociada del conflicto” y la desfinanciación de las instituciones e instancias relacionadas con la paz.

“Los actores armados ilegales se han reorganizado a lo largo y ancho de Colombia y el escalamiento del conflicto ha significado el agravamiento de las violaciones de derechos humanos y de la crisis humanitaria en muchas regiones afectando gravemente a la población civil”, explicó Olga Silva, directora de la organización Humanidad Vigente y vocera del informe.

El segundo punto abarca el debilitamiento de la democracia, pues –señalan las plataformas– tanto esta como el Estado de derecho en Colombia “enfrentan inmensos desafíos ante la arremetida del Gobierno Duque y sus acciones y medidas que van en detrimento del bienestar y la participación de la ciudadanía”.

En ese sentido, se llama la atención por 159 personas fallecidas en protestas (87 de ellas participantes del Paro Nacional de abril 2021); 90 casos de lesiones oculares con pérdidas anatómicas o funcionales de alguno de sus ojos; 106 víctimas de violencias basadas en género por parte de la Fuerza Pública; 365 personas detenidas de manera arbitraria, siendo sometidas a torturas o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención, y 48 personas asesinadas, al parecer, por armas de fuego por parte de la Fuerza Pública, a las que se suman otras 115 heridas.

Se indica en el informe que fue tan alto el grado de vulneración de derechos humanos en Colombia durante el paro nacional que fue necesaria una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio. “De esta visita surgió un documento de observaciones que el gobierno de Iván Duque, fiel a su talante antidemocrático, rechazó en varios aspectos”, se lee.

“El presidente se dotó de facultades extraordinarias con el ‘Estado de Emergencia’ emitido a inicios de la pandemia y con el que se permitió el rápido trámite de leyes y reformas con poca o nula deliberación, además adelantar una campaña de descrédito y hostigamiento permanente a la administración de justicia y las altas cortes; y legitimar el actuar desmedido y violento de la Fuerza Pública sin ceñirse a los poderes civiles y a la Constitución”, alegó Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y vocera del informe.

El tercer punto del informe está relacionado con empobrecimiento y desigualdad. Para ejemplificar la situación, se indica que, hasta marzo de 2021, una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar cada 11 minutos. En esa línea, se recuerda que las mujeres se vieron expuestas al aumento del trabajo de cuidado y reproductivo no remunerado. “Para enero de 2021, de las 19,9 millones de personas ocupadas, el 38,9% correspondió a mujeres, y el 61,1 % a hombres”.

De acuerdo con Aura Rodríguez, vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos y llegó al 15,1 %. Por si fuera poco, con el aumento del índice de Gini, los grupos con mayor acceso a las fuentes de riqueza recibieron una mayor proporción de los ingresos generados durante la pandemia, entre ellos, las ayudas del Gobierno.

“El Gobierno Nacional, en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, tomó decisiones y medidas que pusieron en riesgo el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la ciudadanía. Por ejemplo, la pobreza monetaria nacional subió 6,8 puntos y llegó al 42,5 %, lo que significa que 21 millones de personas de nacionalidad colombiana están por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Rodríguez.

Por último, el informe detalla el relacionamiento de Colombia ante el mundo y el manejo de la política exterior. En ese sentido, una vez más se hace alusión a las protestas y se recuerda el pronunciamiento del Departamento de Estado y la Casa Blanca, que resaltaron la importancia del derecho a la protesta, el diálogo y de desescalar la violencia, en vista de las cifras de desaparecidos.

En paralelo, 55 congresistas demócratas del Congreso de Estados Unidos condenaron los abusos cometidos por la Fuerza Pública e hicieron un llamado al secretario de Estado para suspender la ayuda directa a la policía colombiana. Propusieron que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía no reciba fondos y se congelen las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación a la policía colombiana.

“Esta imagen, sumada a la reestructuración en la financiación proveniente de cooperación internacional que están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y en donde se prevé una disminución considerable, hacen percibir a Colombia como desconectada de la agenda internacional y sin una ruta clara, lo que impacta de manera determinante las relaciones internacionales y la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia”, precisan las plataformas.

Adicionalmente, se explica que el partido Centro Democrático “intentó persuadir con opiniones públicas a favor de Donald Trump y sus candidatos al Congreso en Florida, momentos previos a las elecciones, escudados en ser la fuerza política del actual mandatario colombiano”. Por otro lado, que el Parlamento Europeo solicitó al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común una condena pública para Colombia. “Esto redefine toda su política financiera y reestructura los instrumentos de cooperación internacional”.

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