la primera línea

Redacción: Revista Semana

Después de diez meses de que se le vinculara a una investigación por el delito de prevaricato por acción, la Fiscalía General pidió el archivo del expediente que se adelantaba conta la jueza coordinadora del centro de servicios judiciales de Bogotá, Lilyan Johana Bastidas Huertas.

La funcionaria judicial era investigada por dejar en libertad a dos líderes de la denominada primera línea en diciembre de 2022. Por estos hechos fue citada a interrogatorio en enero de este año para que rindiera las explicaciones por una supuesta extralimitación de sus funciones.

   Tal como ocurrió en las protestas de la primera línea, los Carelokos planean aprovechar movilizaciones para atacar a los policías.

“Le expliqué a la Fiscalía las razones jurídicas por las cuales no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías, como corresponde”, manifestó en su momento el fiscal general, Francisco Barbosa.

Sin embargo, después de recolectar varios elementos materiales de prueba, se llegó a la conclusión que la jueza no había incurrido en un delito, hecho por el cual pedirán la preclusión del caso. El Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra.

La fuerza pública tuvo que intervenir por la presencia de vándalos en la localidad de Usme.

La apertura de la investigación penal se tomó después de que la misma Procuraduría General radicara una denuncia por el delito de prevaricato por acción en contra de la funcionaria judicial, al considerar que se extralimitó en sus funciones, al ordenar el pasado 21 de diciembre la excarcelación inmediata de Santiago Márquez Charris, quien estaba recluido en la cárcel de Girón (Santander), y Adriana Esperanza Bermeo, quien estaba recluida en la cárcel de El Pedregal en Medellín.

En la denuncia, el Ministerio Público consideró que la funcionaria judicial “pasó por alto que las resoluciones remitidas por el alto comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua”, y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad.

 En 2021 se presentaron violentas protestas protagonizadas por la llamada primera línea, que hoy el Gobierno insiste en dejar en libertad, pese las evidencias de delitos de quienes fueron procesados. Las víctimas y los denunciantes sienten miedo.

La funcionaria judicial deberá presentarse en el interrogatorio en compañía de su abogado de confianza y explicar los fundamentos de su decisión. La Fiscalía parte de la premisa que la coordinadora no repartió ni asignó los respectivos expedientes, sino que tomó la decisión omitiendo el procedimiento exigido.

Esta decisión se toma en medio del debate que existe por la solicitud del Gobierno de liberar a varios de los integrantes de la primera línea para que se sumen al proyecto de ‘paz total’ como gestores.

Extralimitación de sus funciones

En la denuncia firmada por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales se enfatizó que era su obligación realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba para hacer el control que le correspondía, y no actuar como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con la alcaldesa Claudia López y el consorcio chino, para estudiar las viabilidades técnicas y financieras para que la primera línea del Metro de Bogotá sea subterránea.

En este caso se señaló que la orden presidencial no fue notificada a los sujetos procesales que tenían interés en el asunto, al punto de que la Procuraduría se enteró gracias a la divulgación que de la noticia hicieron los medios de comunicación. “La señora juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá miró de soslayo dicho mandato (el de notificar las decisiones), con lo que también privó a los sujetos procesales, y particularmente al Ministerio Público, de la posibilidad de controvertir lo decidido a través de la interposición de los recursos de ley”, sostuvo el Ministerio Público.

La Procuraduría resaltó que pese a que la decisión fue adoptada el 20 de diciembre pasado, al día siguiente, funcionarios del Grupo de Asistencia a Usuarios le informaron al procurador judicial penal designado como agente especial que el proceso se encontraba en el Centro de Servicios Judicial para ser asignado por reparto y así tomar una decisión de fondo, es decir, una irregularidad bastante grave.

La fuerza pública tuvo que intervenir por la presencia de vándalos en la localidad de Usme.

“La falta de diligencia a la hora de publicitar la decisión judicial en cuestión por los canales establecidos para el efecto va en contravía de los principios de transparencia, de facilitación, de calidad de la información y de divulgación proactiva que la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información (Ley Estatutaria 1712 de 2014) preconiza respecto del derecho de acceso a la información pública”, puntualizó la Procuraduría en la denuncia.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá una queja disciplinaria contra la funcionaria para que se evalúe la apertura de una indagación.

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