El Gobierno nacional ofreció ayer “colaboración y apoyo total” al de Haití para descubrir quién asesinó al presidente de ese país, Jovenel Moise, caso en el que están presuntamente implicados al menos 17 colombianos, 15 de ellos militares retirados del Ejército.
El presidente Iván Duque conversó este viernes con el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, con quien acordó el envío de una comisión de inteligencia para ayudar a “encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato”, perpetrado el pasado miércoles.
La Policía haitiana anunció además la detención de otros dos ciudadanos colombianos por su supuesta implicación en el magnicidio, con lo que el total de arrestados por el hecho se eleva a 19, dos de ellos estadounidenses de origen haitiano.
Entre tanto, al término de una reunión este viernes en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que “lo más importante es el compromiso irrevocable de las autoridades colombianas para contribuir a que se esclarezca esta muerte, todos los autores materiales, intelectuales, y que no quede en la impunidad”.
El embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, dijo que “de todo lo que pasa, lo más importante es conocer a los autores intelectuales, la médula espinal de las personas que pagan para matar al señor presidente. (…) La oligarquía de Haití cuenta con el poder económico para llevar a cabo el magnicidio”.
En rueda de prensa, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que investigan a cuatro empresas de seguridad de Colombia, ya que al parecer reclutaron a los mercenarios, quienes viajaron de Bogotá a Puerto Príncipe en dos grupos en mayo y junio.
“Tenemos el nombre de cuatro empresas (…) con la Superintendencia de Vigilancia se está ampliando (la información) sobre esas empresas, si es que existen”, aseguró Vargas, quien dijo que el rastreo incluye los movimientos financieros y compras de pasajes de avión, así como a personas que puedan estar vinculadas a esas compañías.
Una nueva versión de los hechos. De otro lado, el exsenador haitiano de la oposición, Steven Benoit, dio otra versión de los hechos y aseguró que fueron los propios agentes de seguridad del mandatario quienes lo asesinaron.
“El presidente fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes lo asesinaron. Eran contratistas del Estado haitiano”, dijo Benoit.
El reclutamiento de militares retirados para trabajar en el exterior se da desde hace 10 años y países de Oriente Medio, como Emiratos Árabes, Yemen o Irak, están entre los principales destinos.
Al respecto, el analista de seguridad, Néstor Rosanía, explicó en EL HERALDO que “las empresas de mercenarios han existido históricamente pero crecieron exponencialmente desde el 11 de septiembre de 2001, porque la guerra contra el terrorismo hizo que esas empresas obtuvieran mucho capital y muchos exmiembros de fuerzas especiales de los EE. UU. crearon sus empresas”.
Agrega el experto que “los colombianos son una mano de obra solicitada por su perfil, porque tienen muy buen entrenamiento, son paracaidistas, tienen cursos de lanceros, comandos, fuerzas especiales y sobre todo tienen experiencia de combate: ese es el diferenciador con otros soldados del mundo. La variable para tomar la decisión es la plata, porque allá les pagan cerca de $ 70 millones versus un sueldo de acá que no llega a más de $ 6 o $ 7 millones”.
Entre tanto, el coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), le dijo a EL HERALDO que “Haití tiene una severa crisis política, social y económica y con un país vecino muy involucrado en el narcotráfico, es terreno abonado para cualquier componenda. Cualquier cosa puede pasar en Haití. Casi 24 horas después del asesinato, las versiones iniciales de la participación de militares retirados de Colombia han empezado a mostrar inconsistencias, de acuerdo a las propias autoridades haitianas”.
El directivo de la asociación de militares retirados del país rechazó a nombre de la organización la participación de exmilitares en los hechos.
En sus declaraciones manifestó que “esta sería la primera vez en la historia reciente que mercenarios colombianos delincan en el exterior”.
Y agregó que “los militares retirados que trabajan en otro país, contratados por su capacitación y experiencia en asuntos de seguridad, son empleados legales que en ningún caso están violando ninguna ley y son reconocidos por la ONU”.
El internacionalista Mauricio Jaramillo explicó por su parte a EL HERALDO que con lo sucedido “Colombia queda mal parada porque se deshace la retórica de la seguridad democrática, en la que se cometieron graves violaciones a los DD. HH., y la deja mal regionalmente porque Colombia había querido liderar el discurso de los DD. HH. en Venezuela y llega en mal momento porque este Gobierno nacional ha entrado en demasiadas controversias con organismos de DD. HH.”.
El hecho desató, como era de esperarse, una tormenta política en el país y reacciones desde diferentes sectores.
El ex presidente del Senado, Ernesto Macías, del CD, escribió: “Deben ser pedidos en extradición para aplicarles las máximas condenas. Y la justicia debe investigar quién los financió. Son una vergüenza para Colombia”.
Y el senador Antonio Sanguino, de los verdes, cuestionó: “¿No merece esto un debate sobre formación y doctrina de nuestras Fuerzas Militares?”.
